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“El Gobierno nos condena a la ilegalidad”, “vergüenza” o bien “no más maltrato institucional” son ciertos chillidos que ha podido escucharse este viernes en la puerta de la Oficina de Extranjería, en la calle Silva de la villa de Madrid. Allí se han concentrado múltiples decenas y decenas de personas migrantes para demandar a la Delegación del Gobierno en la capital de España que les facilite citas previas para poder gestionar la documentación que precisan para poder desarrollar aspecto básicos de su vida como trabajar, cobrar el paro o bien matricular a sus hijos en el colegio.
No se quejan de los requisitos y la enorme burocracia para gestionar o renovar sus permisos de vivienda, que también, sino más bien de algo considerablemente más simple. Sólo desean que alguien les afirme el sitio y la hora al que debe acudir con sus papeles para poder ejercer su derechos. Conforme denuncian, desde hace algo más de un año, el sistema para pedir la cita anterior para efectuar cualquier trámite, entregar documentación o renovar los permisos de vivienda es telemático, mediante Internet, pero hace mucho tiempo que tienen serias dificultades para lograr una.
“Antes venías a la oficina, aguardabas y te daban la cita presencialmente. Ahora es imposible, no las dan y así no podemos vivir”, lamenta Salah En-Amerouni, ciudadano marroquí de 34 años cuyo permiso de residencia de un par de años ha caducado hace múltiples meses. “He recorrido todas las oficinas de Extranjería de Madrid y hay forma. Estoy desesperado”, afirma, apoyado sobre dos muletas tras una operación que le sostiene aún de baja.
En-Amerouni está casado con una ciudadana de España y es padre de un pequeño de 12 años, también con nacionalidad de España. De ahí que tiene un permiso de residencia y de trabajo que, ahora, no logra renovar. Pero no porque no reúna los requisitos, sino porque, sencillamente, absolutamente nadie le atiende. “Tengo todos los papeles, voy a las oficinas con ellos mas no vale de nada sin cita”, explica. De ahí que, En-Amerouni es un inmigrante en situación irregular desde hace 6 meses. “Y sigo sin tener cita. Me asusta salir a la calle porque la Policía me puede detener y me puede deportar a Marruecos. Me estoy volviendo desquiciado con esta situación. Me dan ganas de plañir solo con explicarlo”, dice, con los ojos ya empañados.
A su lado, Chibueze Nicholas se muestra sorprendido con la concentración. “No sabía que había nada organizado. Yo había venido el día de hoy a la oficina a liarla hasta el momento en que me diesen un cita”, reconoce este nigeriano de cuarenta años, con un enfado que a absolutamente nadie podría asombrar dada su situación. Lleva meses procurando lograr su turno para renovar su tarjeta de vivienda. “No lo he logrado y ha pasado el plazo para renovar”, se queja. Las consecuencias han sido tan radicales para él que ahora vive en un albergue. “Sin la tarjeta no he podido volver a trabajar. Me he quedado sin trabajo. Mas tampoco puedo pedir el paro por exactamente la misma razón. No tengo ingresos y no puedo pagar el alquiler”, argumenta mientras que muestra su ya inservible tarjeta de vivienda y golpea contra ella sus papeles.
Hace catorce años que llegó a España y nunca ha tenido antecedentes ni inconvenientes, destaca Nicholas. “Llevo 9 años cotizando y trabajando, y ahora, por este trámite tan simple, estoy en un arduo problema, esto ilegal”, añade. Últimamente se divorció y el juez ha establecido que tiene que pagar la conservación de su hijo. “¿Cómo pagaré si no puedo hacer nada? Es una situación impropia. Me conozco ya todas y cada una de las oficinas, mas es misión imposible. No solicitamos ninguna ayuda ni ningún subsidio, solo queremos que alguien nos atienda para renovar los permisos”, sostiene.
"Sin cita no hay derechos", chillan los migrantes en la Oficina de Extranjería de la capital española.- JAIRO VARGAS
Tanta es la desesperación de estas personas que hay quien está presto a rentabilizarla, prometiendo citas veloces que ellos han obtenido anteriormente, o bien abogados sin demasiados escrúpulos que ofrecen sus servicios para ahorrarse este trámite interminable. “Es común, me han ofrecido adquirir la cita. Un conocido me dio un par de números de teléfono de abogados. Llamé a uno y me pedía más de cien euros. Se supone que pedir cita es un derecho gratuito”, sostiene Nichola.
Alberto Borda, de la Asociación Apoyo, también denuncia esta circunstancia. “En Internet, con una busca veloz, aparecen un elevado número de gestores que ofrecen estas citas a cambio de dinero. Ese mercadeo de citas no habría emergido si estas personas pudieran acceder al sistema”, desgrana.
Según este activista, entre los trámites más habituales que precisan de esta están la solicitud de permisos de vivienda por arraigo, la inscripción de menores, la petición de permisos para estudios o bien prácticas, la reagrupación familiar o las renovaciones de permisos. “Son aspectos esenciales y estas personas tienen ahora mismo si vida paralizada con consecuencias nefastas”, resume. “Son personas que no pueden ejercer sus derechos por un bloqueo administrativo que nadie explica. No sabemos por qué razón se dan tan pocas citas, mas parece evidente que, si no ha aumentado el número de demandantes y si hace algo más de un año el sistema iba aproximadamente bien, hay una intención de complicar los trámites necesarios para su integración en la sociedad”, advierte.
Gilma Martínez, durante la queja por la carencia de citas para efectuar trámites de Extranjería.- JAIRO VARGAS
A Gilma Martínez, hondureña de cuarenta años que ha conseguido recientemente la nacionalidad española, le urgía tanto conseguir una cita para que sus hijas pudiesen seguir estudiando en la universidad, que decidió pagar por ella. “Lo ofrecían en un locutorio, me costó cincuenta euros, porque solicité una urgente. Una normal la venden por 30 euros. Ellos están todo el día metidos en la web, saben en qué momento hay citas y en qué momento se acaban”, explica. Mas de poco le sirvió.
Lleva dieciseis años en España, trabajando en el servicio familiar, “muchas veces sin contrato y sin cotizar a la seguridad social. De ahí que me costó tanto lograr papeles”, asevera. Sus hijas llegaron a España siendo menores y, merced a los permisos de su madre, lograron la tarjeta comunitaria de vivienda. Ahora han cumplido los dieciocho años y sus permisos de residencia ya no dependen de los papeles de Martínez. “Tienen que tramitar sus permisos y, para eso necesitan citas, mas es muy difícil”, insiste. Cuando decidió abonar, debió aguardar tres meses hasta que su hija pudo asistir a la ventanilla para empezar los trámites. “Le faltó un papel. Iba a hacer prácticas en una compañía, pero se confundieron en un documento y no pudo realizar el trámite. Ahora tiene que regresar a aguardar durante meses a conseguir otra. cita de huellas extranjeria Va a perder las prácticas”, ilustra, desesperada.
Desde la Delegación de Gobierno en la villa de Madrid reconocen a Público la existencia de “dificultades”, aunque no han podido concretar las razones por las que estos ciudadanos, con todos sus papeles en regla, se ven en esta espiral que les priva de lo más básico.
Según Borda, la única medida que Delegación del Gobierno había tomado llegó el jueves. “Publicó una nota notificando de que iba a habilitar dos horarios para pedir cita para pedir el arraigo”, mantiene. Sería a las doce.00 horas y a las 20.00 horas. Así, exponía el Gobierno, se evitaba que la gente tuviese que estar entrando en la web a todas horas para probar suerte y se conseguiría atenuar la reventa de citas. Al mediodía de este viernes, ha explicado Borda, tan solo uno de los migrantes concentrados pudo iniciar el trámite por medio de la web. Ni siquiera pudo acabarlo exitosamente.
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